El Nuevo Sistema de Justicia Penal va a permitir reconstruir la confianza ciudadana en sus instituciones de seguridad y procuración de justicia.
En el marco de la realización del
Cuarto Foro sobre Seguridad y Justicia, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, José Oscar Vega Marín, destacó que cuando los ciudadanos vuelvan a creer en
su sistema de justicia, “lograremos un objetivo fundamental en la lucha por la
seguridad”.
El Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) apoya indirectamente la
implementación del Sistema de Justicia Penal con la distribución de 17 mil 300
millones de pesos a través de fondos y subsidios a las entidades federativas.
Además, de los casi 300 millones
de pesos que se destinarán este año a apoyar los procesos de implementación en
la entidades federativas.
Al ser referencia al grado de avance
en las cuatro etapas de la implementación del Sistema de Justicia Penal en las
entidades federativas –reportado por la Secretaría Técnica (SETEC) para la
implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal--, Vega Marín explicó
que los estados de Nayarit, Colima y el Distrito Federal se encuentran en la
Primera etapa, es decir, en la elaboración del proyecto de código de
procedimientos penales.
En la Segunda Etapa, puntualizó
el funcionario federal, se encuentra Baja California Sur, Sinaloa, Jalisco,
Aguascalientes, guerrero, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Campeche,
entidades que tienen en el Congreso local la iniciativa de código de procedimientos
penales y en espera de su aprobación.
En tanto, los estados de Sonora,
Coahuila, Quintana Roo, Michoacán, entre otros, se encuentran en la Tercera
Etapa, es decir, ya cuentan con su nuevo código de procedimientos penales con
fecha de entrada en vigor en el Periódico Oficial del Estado.
La Cuarta etapa se divide por dos
sub-etapas. En la primera se encuentran 8 estados en los que el código de
procedimientos penales tiene vigencia para algunos delitos o regiones de la
entidad, como Baja California, Chiapas, Yucatán, Durango, Nuevo
León, Oaxaca, entre otros.
La Segunda sub-etapa que refiere
que el código de procedimientos penales tiene vigencia en todo el estado, se
encuentran Chihuahua, Estado de México y Morelos.
De los retos a enfrentar para
fortalecer el proceso de implementación del Sistema de Justicia Penal, Vega
Marín mencionó tres: fortalecer las instancias coordinadoras estatales para que
cada organismo implementador se asuma como líder en el proceso de reforma;
focalizar los recursos federales que se destinan a este fin, y desarrollar
políticas de planeación a nivel estatal para la elaboración de diagnósticos
específicos sobre las necesidades y obstáculos de cada entidad federativa.
El funcionario federal llamó a
todos los actores gubernamentales y sociales para que preserven y blinden este
nuevo modelo del Sistema de Justicia Penal, respecto a los riegos que corre a
falta de comprensión sobre su significado de fondo. La clave dijo, es la
voluntad, el compromiso y priorizar el tema, además de concientizar a la
ciudadanía sobre este nuevo sistema.
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