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28 de marzo de 2012

Gobierno democrático que rinde cuentas

El Presidente Calderón encabezó el evento “Gobierno democrático que rinde cuentas”.

El Primer Mandatario organizó su discurso en 18 temas para explicar los avances concretados a lo largo de sus primeros cinco años de mandato:

Crimen y estrategia de seguridad. Resaltó que nunca se había enfrentado la criminalidad de manera integral ni con la firmeza que el Gobierno Federal, con apoyo de las Fuerzas Federales, ha hecho. Subrayó que el fin es proteger a las familias al combatir a los delincuentes; depurar y fortalecer las leyes y las instituciones de seguridad y justicia, y reconstruir el tejido social. Agregó que de los 37 delincuentes más peligrosos del país, 22 han sido capturados o han fallecido.

Transformación histórica de las instituciones de seguridad y de justicia. Se reestructuró a la Policía Federal e incrementó su número de elementos de seis mil a 37 mil, en su mayoría jóvenes profesionistas especializados en criminalística, informática y otras disciplinas. Asimismo, inició la depuración de la PGR para que los mexicanos cuenten con ministerios públicos profesionales. El Gobierno Federal apoya también a los gobiernos locales para que depuren y profesionalicen sus instituciones de seguridad y justicia.

Impulso de una estrategia para fortalecer el tejido social. Fortalecer el tejido social ha implicado recuperar valores y abrir oportunidades para los jóvenes con educación y becas, construcción y equipamiento de escuelas y hospitales, así como con la recuperación de cinco mil espacios públicos en todo el país. Además, se ha invertido un presupuesto histórico 2.5 veces mayor que el sexenio anterior al combate y prevención de adicciones.

El sexenio de la salud. Por primera vez en la historia, el derecho a la salud de todos los mexicanos es una realidad, principalmente por el Seguro Popular. Este permite el acceso a médico, medicinas, tratamiento y hospital para la población, con lo que hay ya 106 millones de mexicanos con acceso a la salud, de manera que, en este sexenio, se ha ampliado el acceso a los servicios médicos a más gente que todo lo que se hizo en el siglo XX a nivel nacional. Complementariamente, se han edificado 1,100 hospitales o clínicas nuevos y se han remodelado 2,200 más en todo el país, esto equivale a doce obras hospitalarias por semana.

Transformación profunda en educación. Además de alcanzar la cobertura universal en educación primaria por primera vez, dos de cada tres jóvenes tienen ya un lugar asegurado a nivel bachillerato y, en este nivel, se alcanzará 70 por ciento de cobertura. En universidad, se rebasó la meta prestablecida en cobertura y se espera que alcance 35 por ciento.

Red de protección social efectiva para las familias de menores ingresos. 6.5 millones de los hogares de menores ingresos en el país cuentan con apoyos de Oportunidades y del Programa de Apoyo Alimentario, es decir, uno de cada 3 mexicanos es beneficiado por estos programas; el piso de tierra ha sido cambiado por piso cemento en casi 2 millones 600 mil hogares rurales. Adicionalmente, el Gobierno Federal está cerca de universalizar el Programa 70 y Más, que beneficiará a 3 millones 600 mil mexicanos en edad avanzada. Además, en esta administración se están liquidando los apoyos sociales a ex braceros.

Oportunidades de bienestar y progreso para los indígenas. Se ha más que duplicado la inversión federal para apoyarlos, al pasar de 27 mil a más de 68 mil millones de pesos durante esta administración y se han realizado casi 8 mil obras comunitarias para mejorar su calidad de vida.

Derechos y apoyos para las mujeres. El Seguro Popular ofrece tratamientos gratuitos a las mujeres que padecen cáncer cérvico-uterino o de mama; todas las mujeres embarazadas tienen garantizado servicio médico especializado antes, durante y después del parto. Además, las mamás trabajadoras cuentan con las 9,200 estancias infantiles de todo el país, ocho veces más de instalaciones de cuidado infantil que todas las guarderías construidas el siglo pasado. La brecha educativa de género se abatió, de modo que a través de becas de mayor monto para mujeres que para hombres, actualmente las mujeres y los hombres asisten por igual a la escuela desde la primaria hasta la universidad.

Acceso a vivienda. En este sexenio se han entregado más de seis millones de financiamientos y apoyos para vivienda. Así, de todas las casas que hay en México, una de cada cinco han sido adquiridas o remodeladas con un crédito o subsidio otorgado en este mandato. Los apoyos se han enfocado en apoyar a trabajadores de bajos ingresos, de modo que dos de cada tres financiamientos han sido para trabajadores que ganan menos de 4 salarios mínimos.
Consolidación de México como economía estable que crece y genera empleos. El crecimiento económico sólo es posible una vez que se alcanza la estabilidad, por lo que se ha mantenido una conducción responsable de la economía. A pesar de la severidad de ambas crisis internacionales, la proporción de mexicanos en pobreza alimentaria se redujo en 23 por ciento entre 2000 y 2010. Además, la inflación promedio de los últimos cinco años ha sido la más baja de los últimos siete sexenios y, por primera vez en varias décadas, se ha fortalecido el poder adquisitivo del salario mínimo.

México, potencia exportadora. Las exportaciones manufactureras mexicanas son mayores a las del resto de América Latina junta. A nivel global, nuestro país es el primer productor de teléfonos inteligentes, el segundo exportador de televisores y refrigeradores, y la quinta potencia exportadora de automóviles. México también es potencia exportadora de productos agropecuarios y se consolida como destino atractivo seguro y rentable para la inversión, en particular para empresas de clase mundial del sector automotriz. En efecto, la inversión extranjera directa ha alcanzado cerca de 114 mil millones de dólares, muestra de que las compañías mundiales apuestan por México porque valoran su certidumbre, prosperidad y oportunidad.

Turismo, palanca de desarrollo regional. En 2011, México recibió casi 23 millones de turistas internacionales, lo que confirma que este es un sector estratégico para la economía nacional. El turismo genera 2.5 millones de empleos directos, por ello, el presupuesto público para el sector, incluido el gasto federal, estatal y municipal, se ha más que duplicado al pasar de once mil millones de pesos el sexenio pasado a más de 28 mil millones en esta administración.
Facilidad para hacer negocios en México y apoyos a PYMES. Se realizó el proceso de eliminación de trámites más profundo de la historia. Así, un emprendedor puede abrir su empresa en nueve días y no en más de 60, como sucedía anteriormente. Además, se han otorgado casi siete veces más créditos a las PYMES que en el sexenio anterior, con lo que se impulsa estas empresas, principales empleadoras del país.
Transformación del sector energético para garantizar abasto de energía a generaciones presentes y futuras. La reforma para fortalecer a PEMEX ha permitido modernizar a la paraestatal, haciéndola más flexible y eficiente. En lo que va del sexenio, la inversión en la paraestatal fue de 1.2 billones de pesos, prácticamente el doble de lo invertido en los primeros cinco años de las dos administraciones anteriores juntas. Otro logro es que la tasa de restitución de reservas probadas de hidrocarburos incrementó de 25 por ciento en 2003 a más de 100 por ciento actualmente. También se ha impulsado la generación de energía eólica. Gracias a ello, y al fuerte impulso a la energía hidroeléctrica, se rebasó la meta planteada de generar el 25 por ciento de electricidad a partir de fuentes limpias.

El sexenio de la infraestructura. La inversión público-privada en este rubro pasó de un promedio anual del tres por ciento del PIB en el 2000, a niveles históricos de cinco por ciento, por arriba del promedio de los países de la OCDE, que es de 3.3 por ciento. Con los recursos, se han construido o modernizado 19 mil kilómetros de carreteras y caminos rurales, más que lo hecho durante las dos administraciones anteriores juntas con visión estratégica y uniendo las costas del Pacífico con las del Atlántico y el sur con el centro y norte de México.

Protección al medio ambiente. Se implementó una política ambiental dirigida a ampliar el bienestar de los mexicanos de hoy sin comprometer el de las generaciones futuras. Programas como ProÁrbol reducen la pobreza y contribuyen a detener el deterioro de bosques y selvas. Además, se han reforestado casi dos millones de hectáreas en los últimos cuatro años y más de 3.5 millones de hectáreas son ya Áreas Naturales Protegidas. También incrementó el tratamiento de aguas residuales. Con la construcción o rehabilitación de más de 400 plantas de tratamiento, al final del sexenio se tratará el 70 por ciento de aguas residuales a nivel nacional. México ha asumido un liderazgo mundial en el combate al cambio climático, al convertirse en el primer país en desarrollo en presentar un plan de lucha contra este fenómeno.

Fortalecimiento a la democracia. La Reformas en materia penal, Derechos Humanos, la reforma constitucional en materia de Amparo y las nuevas leyes de Migración y Refugiados prueban que en México se vive hoy una democracia vibrante pero, sobre todo, confirman el compromiso del Gobierno Federal con los Derechos Humanos y con el respeto a la libertad de expresión y de manifestación.
México retoma su liderazgo internacional y su participación en la resolución de los problemas mundiales. En México se promovió y creó la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), instancia fundamental para fomentar la concertación y ampliar la cooperación en América Latina. En 2010, nuestro país fue anfitrión la COP16, donde se concretaron los Acuerdos de Cancún para frenar el calentamiento global. Este año, México asumió la presidencia del G-20 y será anfitrión de la Séptima Cumbre de este mecanismo, que reúne a las veinte naciones más importantes del mundo, mismas que concentran el 80% del PIB mundial.

El Presidente Calderón afirmó que servir a México es un honor e hizo un llamado a todas las instancias del Gobierno Federal a continuar trabajando, hasta el último día del sexenio, para completar las metas pendientes.

23 de marzo de 2012

Con mejores leyes por tu seguridad

Convencidos de que mejorar nuestras leyes nos da mayores herramientas para el combate al crimen organizado y la prevención del delito, desde 2009 el Presidente de la República ha presentado diversas iniciativas que actualmente analizan nuestros legisladores.

Destacan:

Reformas a la Ley de Seguridad Nacional, que entre otras cosas propone crear la figura jurídica denominada “Declaración de una Afectación a la Seguridad Interior”, lo que permitiría que las fuerzas armadas tomaran el control de actos que pongan en peligro el orden, la paz o la seguridad pública de alguna entidad.

Evitar el tráfico de armas mediante una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que ampliaría el rango de armas de uso exclusivo del Ejército y que se apliquen penas en proporción al número de armas ilegales portadas.

Sancionar Delitos contra los Cuerpos de Seguridad mediante reformas al Código Penal Federal y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, donde se incluye considerar como grave el delito de extorsión y sancionar la utilización de juguetes para cometer delitos que aparenten ser armas de fuego.

Fortalecer a la Marina de México mediante adiciones a su Ley Orgánica que permitan contar con definiciones y conceptos más claros.

Combatir el lavado de dinero mediante una Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo, que entre otras cosas propone determinar a las personas físicas o morales que serán sujetos obligados a reportar ante la Secretaría de Hacienda, además de limitar operaciones en efectivo con un tope de 100 mil pesos.

Para evitar el Lavado de Dinero se propuso además mermar las estructuras financieras de las organizaciones criminales con el decomiso de los bienes inculcados cuyo valor sea equivalente al producto del delito, detallar las conductas del delito con recursos de procedencia ilícita, establecer requisitos para ejecutar operaciones encubiertas y establecer excepciones a las instituciones financieras para facilitar información a las autoridades.

Crear un Mando Único Policial mediante la reforma a diversos artículos de la Constitución Política donde se establezca que todos los cuerpos policiales de los Estados estén en manos del Gobernador de cada entidad.

Reformas al Fuero Militar para que los integrantes del Ejército que cometan los delitos de desaparición forzada de personas, violación y tortura sean investigados y juzgados por tribunales civiles.

Sancionar a quienes promuevan cadenas delictivas mediante reformas al Código Penal Federal, donde se refuercen los mecanismos para imputar responsabilidad penal a personas jurídicas de naturaleza privada.

Crear un esquema legal que incluya al Poder Judicial a través de Jueces de Ejecución que determinen la duración de la penas, otorgue beneficios a los sentenciados y procure la reparación del daño a la víctima del delito.

Modernizar la administración de justicia mediante un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales donde se plantea del desarrollo de los tres grandes elementos procesales del sistema penal acusatorio: investigación, etapa intermedia y el juicio oral.

Adicionar a la clasificación de sustancias psicotrópicas la mefedrona, piperazina, TFMPP, canabinoides sintéticos y midazolam, lo que permitiría que el sector salud aplique medidas de control y vigile su uso.

Está además la iniciativa presentada por la Diputada Rosa María de la Garza para sancionar la Trata de Personas mediante la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas que ya fue turnada al Senado de la República, que permitirá ampliar y hacer más integral su aplicación con base en compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

Estas iniciativas, pendientes de dictaminación en las Comisiones correspondientes, permitirán fortalecer la capacidad de las instituciones en la lucha que se mantiene para garantizar la seguridad de todos los mexicanos.

13 de marzo de 2012

Recursos históricos para seguridad pública

Durante 2012 se destinarán más de 17 mil 300 millones de pesos para seguir avanzando en la seguridad y procuración de justicia en Estados y Municipios del país.

La transferencia de recursos se realizará a través de cuatro programas: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), Subsidio para la Policía Acreditable (SPA), Subsidio para la Seguridad Pública Municipal(SUBSEMUN) y el nuevo Programa de Apoyos en materia de Seguridad Pública (PROASP).

Además que para este año se dispondrá de cerca de 30 mil millones de pesos de financiamiento para seguridad de las entidades federativas, y municipios, así como delegaciones del Distrito Federal, que incluirá desde el examen de Control de Confianza de un policía municipal hasta la creación de penales, juzgados, unidades antisecuestro, plataformas de información y Centros de Control de Confianza, para servir a los ciudadanos.

Bajo la Estrategia Nacional de Seguridad, el Gobierno federal trabaja con determinación para transformar a México en un país más seguro, más justo y más próspero.

Estos recursos se tienen que ejercer de forma transparente, racional y eficiente para lograr que las policías, desde los altos mandos hasta los elementos operativos, sean certificadas y profesionalizadas.

Se ha señalado que es urgente acelerar los procesos y mecanismos de control de confianza y la depuración de los cuerpos policiacos, porque la entrega de recursos está directamente condicionada a la certificación en esa materia de los altos mandos de los cuerpos de seguridad de estados y municipios.

Otro aspecto relevante es el Nuevo Sistema de Justicia Penal, el cual ha sido implementado en su totalidad en tres entidades federativas y en otras siete lo han instituido de manera parcial.

En 2016 se busca esté operando en su totalidad este nuevo sistema de juicios orales con la finalidad de dar respuesta expedita y pronta, en materia de justicia, a la exigencia de los ciudadanos.

Para apoyar a las entidades federativas en esta tarea, el Gobierno federal firmó un Acuerdo en la pasada sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de que todas las entidades cuenten con los recursos necesarios para implementar el nuevo Sistema de Justicia Penal, particularmente en lo que se refiere a la infraestructura.

Se han dispuesto hasta 12 mil millones de pesos en financiamiento, a través de BANOBRAS, para construir las salas de audiencia para los juicios orales, así como impulsar la renovación y creación de nueva infraestructura penitenciaria y otro tipo como pudieran ser, incluso, Centros de Evaluación y de Control de Confianza para acelerar esta transformación.

Además, para poder hacer un uso más rápido de estos recursos se ofrecerán a las entidades federativas recursos por hasta 400 millones de pesos, para que puedan tener listos, rápidamente sus proyectos ejecutivos y puedan pagar, además, intereses respecto al financiamiento obtenido solamente a partir del año del 2013.

Esto significan 12 mil millones de pesos en financiamiento, a través de BANOBRAS, que va a fondo perdido, del cual sólo se pagará el capital; 400 millones de pesos para los proyectos ejecutivos y el pago de intereses se inicia, solamente, a partir del año 2013.

Cuando uno hace la suma de todo este financiamiento, estamos hablando en este año de una cifra cercana a los 30 mil millones de pesos para financiar, desde el examen de Control de Confianza de un policía municipal hasta la creación de penales, juzgados, unidades antisecuestro, plataformas de información y Centros de Control de Confianza, para servir a los ciudadanos.

Entrevista-Ezra Shabot MVS

Entrevista-Ezra Shabot MVS

Entrevista-Ezra Shabot MVS

10 de marzo de 2012

Estados y Municipios obligados a evaluar a sus mandos superiores

A partir de este año Estados y Municipios deberán cumplir con la evaluación y aprobación de control de confianza de sus mandos superiores para recibir los Fondos y Subsidios federales en materia de seguridad pública.

La entrega de apoyos económicos a través del Subsidio para la Policía Acreditable (SPA), el Programa de Apoyos para Seguridad Pública (PROASP) y el Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios (Subsemun) están condicionados a que entidades y municipios cumplan con la evaluación de sus mandos, o por lo menos, tengan programadas sus evaluaciones.

Esto ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se señala que antes del 15 de marzo los 239 municipios beneficiados con el Subsemun deben entregar la constancia del Centro de Evaluación y Control de Confianza, en la que se señale que el Titular de la Institución Policial ha sido evaluado.

En caso de que no cuenten con esa constancia, deben documentar la fecha de programación de dicha evaluación, la cual no podrá ser posterior al 20 de abril del 2012.

En tanto, los estados beneficiados con el SPA y PROASP tienen como fecha límite hasta el 31 de marzo para entregar la documentación que respalde la aprobación en control de confianza de sus titulares y mandos superiores de instituciones de seguridad pública.

Si los municipios y estados beneficiados incumplen con los requisitos de evaluación, no podrán acceder a los recursos federales y éstos formarán parte de una bolsa concursable para ser canalizados a los gobiernos estatales y municipales que sí cumplan con las reglas.

Es así como las nuevas reglas de operación reconocerán a los gobiernos municipales y estatales cumplidos, que podrán presentar proyectos para ser sometidos a una revisión en el Comité de Recursos No Ministrados, y así acceder a la bolsa concursable.

La Primera Ministración de los recursos federales, tanto del Subsemun, SPA y PROASP, corresponderá al 40 por ciento del monto total convenido por entidad federativa.

El monto concertado para el Subsemun 2012 es de 4 mil 403 millones de pesos y se estima que la coparticipación de los 239 municipios beneficiados sea de mil 321 millones de pesos.

En tanto, el monto convenido para el SPA fue de 2 mil millones 471 mil pesos y para el PROASP de 2 mil millones 985 mil pesos.

El objetivo de los Subsidios Federales es financiar la adopción del Modelo Policial, la profesionalización y el equipamiento de los cuerpos de seguridad pública en los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como el mejoramiento de la infraestructura de las corporaciones y el desarrollo de políticas públicas para la prevención social del delito.

3 de marzo de 2012

Hay avances en seguridad, señala Alejandro Martí

Palabras del Presidente de “México SOS”, Alejandro Martí, durante la XXXII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Primero que todo, a nombre de México SOS, señor Presidente, lo digo con gran gusto quizá a nombre también de la Red de Juicios Orales y todas las instituciones que venimos pugnando, empujando la reforma constitucional penal, saludamos con una alegría el acuerdo para fortalecer la infraestructura de seguridad pública y justicia.

Pensamos y sentimos como ciudadanos que estamos constituidos en una República representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos.

Es por eso que México necesita gobernadores estadistas, líderes que construyan en el tiempo instituciones sólidas, bien cimentadas sobre los pilares de la verdad, la justicia, la responsabilidad y la generosidad a favor de las comunidades y de los ciudadanos que los han elegido.

La reforma penal no es simplemente un cambio de procedimiento, es en realidad reconvertir el sistema judicial mexicano en verdaderas instituciones, para que de forma transparente, expedita y oral se genere en el país un verdadero Estado de Derecho.

¿Es de estadistas pensar en dejar un país donde los ciudadanos confíen en el sistema judicial?

¿Es de estadistas pensar en que hay que invertir lo necesario para tener instituciones policiacas en cada entidad federativa dignas de toda confianza?

Los beneficios de la reforma penal no se verán en términos de reducción de inseguridad sino en erradicación de la impunidad. La delincuencia disminuirá sólo cuando se conforme una policía confiable.

Sólo cuando se vive un Estado de Derecho los potenciales delincuentes verán que el cometer un delito tendrá un costo, tendrá como consecuencia cumplir con una condena en cárceles bien organizadas, en secciones adecuadas a los delitos cometidos y cumpliendo sentencias con orden y disciplina.

A los ciudadanos nos preocupa que muchas veces no vemos alineadas las acciones de todos los que integran el poder público hacia los intereses de la ciudadanía. Nuestra percepción es que los intereses más bien se alinean a los intereses de partido y eso nos tiene preocupados.

Debemos romper el círculo vicioso quizá empezando por el propio Poder Legislativo. Hay muchas unidades antisecuestro que no funcionan porque no tienen tecnologías para llevar a cabo su labor de manera eficaz.

Propusimos la ley de geolocalización que se aprobó en el Senado en 45 días, pero lamentablemente ayer cumplió 10 meses en la Cámara de Diputados y aún no ha sido aprobada.

Diez meses en la Cámara de Diputados, 10 meses que se traducen en 2 mil 252 secuestros, 61 secuestrados asesinados, sin tomar en cuenta los secuestros express ni de los migrantes; 3 mil 474 extorsiones telefónicas denunciadas y 6 mil 400 diarias que equivalen a un millón 721 mil llamadas.

¿Por qué frenar las herramientas que nos permitirán vivir más seguros?
Asimismo, nos preguntamos en dónde está el nuevo Código Federal de Procedimientos Penales.

Permanece en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Justicia y no se entiende por qué casi cuatro años después y por mandato constitucional, el Código Federal no ha sido votado y aprobado.

Nosotros vemos que por un lado estamos urgiendo que cada estado implemente la reforma constitucional que se apegue al mandato, pero en la medida en que no tengamos el Código Federal de Procedimientos, estas implementaciones serán distintas en cada estado y eso nos preocupa.

Es urgente alinear los intereses de todos hacia la seguridad ciudadana, es urgente que pensemos que el proyecto de la reforma penal en su totalidad debe continuar no importando los cambios de gobierno.

Hoy es necesario alinearnos a los intereses de los mexicanos. Unidos, con altura de miras, seguramente lo lograremos. Unas palabras de Winston Churchill decían que el político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones.
Hace ya casi cuatro años tuve el privilegio de estar aquí con ustedes. En aquél entonces recuerdo que exigíamos muchas cosas. Hoy tenemos muchas cosas que hacer.

Es una gran diferencia de hace tres años y medio. Hoy tenemos modelos de la reforma, modelos policiales, modelos de las oficinas antisecuestro; muchas implementaciones que ya fácilmente las podemos tomar como actos de buena práctica y replicarlos a nivel de todos los estados.

Estamos muchísimo más adelantados que hace tres años y medio, de eso no me cabe la menor duda y lo quiero venir a confesar. Sin embargo, nuestra desesperación es que nos faltan quizá cuatro años para terminar con esto.

Al igual que hablamos de los diputados esos diez meses, en que hubo 2 mil 271 secuestros, yo digo: ¿Dentro de cuatro años cuántos ciudadanos seguirán sufriendo?

Me preocupa porque el sentido de urgencia que debemos tener debe ir en función de las próximas víctimas que habrá el día de mañana. Es por eso que no nos podemos permitir retrasar esto, debemos poner toda nuestra fuerza y todo nuestro poder en cada estado para que esto termine porque como estadistas, los ciudadanos veremos el día de mañana que serán obras precisamente para todos los mexicanos; obras que quizá no luzcan tanto como infraestructura pero sí lucen porque la familia mexicana, nuestros familiares y los ciudadanos estarán bien protegidos.

Es importante -y así lo propongo- que de ahora en adelante, en cada reunión se lleve un control pormenorizado de los avances de la implementación por cada estado de la reforma penal. Creo que es uno de los pilares y es precisamente la reforma más grande que ha tenido México en la época moderna.

Tenemos que darle esa importancia y darle un seguimiento no sé si bimestral o trimestral pero sí, tenemos que avanzar y caminar; tenemos que pasar a un sistema de justicia en el que todo mundo pueda confiar.
Quiero hacer notar que la incidencia delictiva en los estados en donde se ha implementado la reforma penal quizá la incidencia delictiva suba. No tengamos miedo a eso porque la cifra negra bajará seguramente.

No nos desesperemos por el hecho de que al implementar la reforma y tengamos mejores policías, veamos que de repente veamos más delitos a nivel nacional. Eso sería ser muy miopes.

Tenemos también que medir que el esfuerzo que se está haciendo es para que la ciudadanía confíe en sus instituciones, acuda a denunciar y es entonces cuando abatiremos esa cifra negra de impunidad que hoy es muy alta.
No tengamos miedo a la incidencia. Tendríamos que ver la incidencia delictiva, pero también marcar el esfuerzo y quizá medir la percepción ciudadana y la confianza en nuestras instituciones: Así solamente veremos que la realidad que estamos viendo era la realidad que no existía antes, porque a mucha gente le da pavor escénico ir a denunciar.

Hoy nuestra nación nos llama a la unidad para combatir el flagelo de la inseguridad de nuestras familias. La sociedad entera espera de sus gobernantes acciones alineadas a nuestros intereses, acciones de verdaderos estadistas para lograr un México seguro para todos.

Muchas gracias.

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1 de marzo de 2012

Acuerdos de la XXXII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad


Al inaugurar la XXXIl Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa destacó que en los últimos 5 años se han incrementado las transferencias a las entidades federativas más de 4 veces, al pasar de 5 mil millones de pesos en 2007 a más de 20 mil millones de pesos.

Este año se destinarán 2 mil 267 millones de pesos para llevar a cabo la evaluación del personal policial, ministerial y de prisiones, el cual debe estar acreditado a más tardar el 3 de enero de 2013.

En 2012 habrá recursos por un monto de más de 12 mil millones de pesos para que los Estados los canalicen a fortalecer la infraestructura penitenciaria y el Sistema de Justicia Penal

De manera complementaria se ofrecen 400 millones de pesos, a través del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), para cubrir proyectos y estudios en materia de seguridad pública y justicia.

En la sesión se refrendó el compromiso del gobierno federal de conducirse apegado a la ley más allá de cualquier interés político o electoral.

Para ello se firmó una “Declaratoria para Garantizar la Paz del Proceso Electoral”, la cual busca que los comicios de julio se den en condiciones de gobernabilidad, seguridad y paz social.

Dicha Declaratoria también contempla brindar seguridad en la contienda electoral a los candidatos que así lo soliciten ante el IFE o ante los órganos electorales estatales.

En coordinación con el Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal, el SESNSP impulsará las acciones relativas a la profesionalización de los integrantes de las Instituciones de Seguridad en el nuevo sistema de seguridad pública y justicia Penal, así como para dotar de la infraestructura y el equipamiento necesario para su funcionamiento.

Otro de los acuerdos durante la Sesión del CNSP incluye el cumplimiento del Convenio de Colaboración a fin de que las procuradurías estatales remitan a más tardar en mayo de 2012, información del número de homicidios dolosos ocurridos en sus entidades del 2007 a diciembre de 2011.

Entre los acuerdos también se instruye al SESNSP, a través del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, reportar de manera mensual los avances en la materia de evaluación de control de confianza.