Recursos federales sólo a Estados que cumplan con Certificación de Mandos Policiacos

Cumpliendo con el compromiso hecho por los Gobernadores de acelerar los procesos de control de confianza de los cuerpos de seguridad pública del país, a partir de este 15 de febrero los lineamientos para el Programa de Apoyo a la Seguridad Pública (PROASP) y Subsidio para Policía Acreditable (SPA) establecen que para recibir recursos federales los Estados deberán haber cumplido con el requisito de que titulares y mandos superiores de las instituciones de seguridad pública cuenten con evaluaciones de control de confianza vigentes y aprobadas.

Esta medida, implementada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), busca cumplir con la meta de que para enero de 2013 estén certificadas al 100 por ciento las corporaciones policiacas del país.

A partir de este Decreto se establece que los 2 mil 484 millones de pesos del Subsidio para Policía Acreditable (SPA) y los 3 mil millones del Programa de Apoyo a la Seguridad Pública (PROASP) estarán condicionados a que a las entidades federativas cumplan con los lineamientos que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal.

Estos criterios contemplan la distribución de los recursos a las entidades federativas bajo criterios de población beneficiada y cobertura territorial de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública, a sí como las bases para la evaluación de la aplicación de dichos recursos y sus resultados.
Los requisitos para Asignación y Ministración del SPA y PROASP son: Un escrito de aceptación, suscribir Convenio y Anexo Técnico, además de presentar el Plan Estatal de Implementación y Programa de Control de Confianza.

Para la primera ministración con fecha límite al 31 de marzo se deberá aperturar una cuenta bancaria y haber aprobado en control de confianza a Titulares y Mandos Superiores de instituciones de seguridad pública, que incluye a Secretario de Seguridad Pública, Procurador General de Justicia, Fiscal General, Subsecretarios, Subprocuradores, Directores Generales y Coordinadores Generales de las entidades federativas.

A través de estos mecanismos se garantiza el compromiso del gobierno federal de contar con instituciones de seguridad pública confiables y que cumplan con su vocación de servir a los ciudadanos.