23 de febrero de 2012

Disminuyen los homicidios en el país


La mayoría de los Estados del País presentan una tendencia de reducción en homicidios dolosos durante el último trimestre de 2011, respecto del trimestre anterior.

En el último trimestre de 2011, se registraron 5 mil 162 denuncias contra el mismo periodo de 2010, que anotó 5 mil 168 denuncias de homicidios dolosos ante las procuradurías y fiscalías de las entidades federativas.

De las 5 mil 162 denuncias de homicidios dolosos registradas en el último trimestre de 2011, 2 mil 931, equivalentes al 57%, se concentran en los estados de Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Guerrero, Estado de México, Jalisco y Tamaulipas.

De acuerdo a los compromisos asumidos por las entidades federativas ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) el pasado 31 de octubre de 2011, los 22 estados que sí cumplieron fueron: Campeche, Coahuila, Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Yucatán, Zacatecas, Aguascalientes, Distrito Federal, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Tabasco, Veracruz, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango y Oaxaca.

Las entidades que no cumplieron con este compromiso de disminución de la incidencia delictiva en homicidio doloso fueron: Chiapas, Guanajuato, Quintana Roo, Tlaxcala, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Sinaloa y Sonora.

Se ha hecho un exhorto a los Estados a asumir su responsabilidad y a dar a conocer las averiguaciones previas que tienen bajo su responsabilidad. Destacó que para coadyuvar en esta tarea, el Gobierno Federal ha desplegado todos los instrumentos a su alcance.

Para el Gobierno Federal la prioridad es garantizar que cada uno de los casos sea investigado y castigado por las autoridades de las entidades federativas con el apoyo de las instancias federales.

Se mantendrá el apoyo a toda autoridad local que solicite el respaldo de las fuerzas federales para hacer de sus comunidades espacios más seguros, siempre que esta solicitud se acompañe del compromiso y el cumplimiento de las obligaciones que tienen las autoridades locales, fundamentalmente en materia de depuración y de fortalecimiento de sus instituciones.

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