Baja California ha sido punta de lanza en temas de fondo para el avance y la consolidación de la democracia en nuestro país. Fue la entidad en donde se eligieron, por primera vez en la historia de México, un gobernador de un partido distinto al PRI y un senador de mayoría por el Partido Acción Nacional.
También, en la gestión del primer gobernador panista, Ernesto Ruffo Appel, fue la entidad que promovió con éxito la existencia de la primera credencial estatal para votar en la historia del país que, sin duda alguna, fue el detonante de la creación y consolidación del nuevo padrón electoral mexicano y nuestra credencial para votar con fotografía, de la que hoy todos nos sentimos orgullosos.
A la par de estas experiencias, los gobernadores panistas a lo largo de muchos años, han impulsado el fortalecimiento de nuestras autoridades electorales estatales, pues ha sido un valor fundamental de la agenda pública del PAN, el que los mexicanos puedan estar orgullosos de un sistema democrático maduro en nuestro país.
Sin embargo, hoy por hoy, en el desarrollo del actual proceso electoral en el estado, RUBÉN CASTRO BOJÓRQUEZ, presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California (IEPCBC), ha generado condiciones que desgastan profundamente la autoridad moral de este órgano encargado de organizar los comicios.
En primer lugar, casi al arranque de la campaña, se detectó una operación ilegal en la selección de los funcionarios de casilla en el distrito 9 de Tijuana. Se evidenció que familiares directos de la candidata local del PRI estaban operando, junto con los funcionarios del IEPCBC, para seleccionar en las listas de insaculados a los simpatizantes del PRI para que fueran los funcionarios de casilla de la demarcación.
Posteriormente, en lo que es reconocido por todos como una operación de apoyo al candidato priísta al gobierno del estado, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California definió un programa de cinco debates (¡CINCO DEBATES!), para la elección del mandatario estatal, en una campaña a la que le quedaban no más de siete semanas cuando se dio la decisión correspondiente.
Tanto el número de debates, las fechas de su celebración, la temática a tratar, la sedes de los mismos y la decisión de cuáles de ellos se televisarían y cuales no, fueron decisiones unilaterales y autoritarias, no consultadas con ninguno de los participantes en el proceso electoral, por lo menos no con la Coalición Unidos por Baja California encabeza por "Kiko" Vega.
Por último, y sólo por mencionar los más relevante, el día 12 de Junio, en la última etapa del proceso electoral, la autoridad estatal inició una campaña de promoción del voto con carteleras en las ciudades y carreteras del estado que, por primera vez en la historia de Baja California, se basan en un diseño que en el fondo incluye, preponderantemente, el color rojo característico del PRI.
Nunca se había visto algo tan burdo e irrespetuoso para la sociedad y para los partidos políticos y coaliciones que participamos en el proceso electoral. Con estas señales, para las que hay cientos de explicaciones y pretextos, RUBÉN CASTRO BOJÓRQUEZ, presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California se coloca en una posición donde le hace un flaco favor a la democracia, porque en estos momentos lo que requiere es tener autoridad moral para sacar adelante el proceso electoral más importante para la historia del estado. Todavía hay tiempo, los bajacalifornianos merecen autoridades electorales a la altura de su madurez política.
